Observar cómo la movilidad eléctrica se afianza cada vez más como una realidad palpable es motivo de optimismo y reflexión.

La lentitud en la adopción de vehículos eléctricos se atribuye, entre otros factores, a la carencia de una infraestructura de carga adecuada, un problema que aún está en proceso de resolución, a pesar de que hay leyes que intentan solucionarlo, como la que establece que inmuebles como supermercados, hoteles o centros comerciales dispongan de al menos un cargador para cada 40 plazas de aparcamiento.

Observar cómo la movilidad eléctrica se afianza cada vez más como una realidad palpable es motivo de optimismo y reflexión. A pesar de la sonada caída en las ventas de turismo eléctricos e híbridos enchufables en el mes de mayo -que fue del -11,8%- en lo que llevamos de año vemos una subida del 1,8%. Eso significa que, hasta mayo, se han registrado casi 46.000 ventas de turismos electrificados, una cifra muy alejada del ritmo de crecimiento necesario para llegar a los objetivos fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de cinco millones de vehículos eléctricos para 2030, un reto que depende en gran medida de superar la falta de infraestructura de carga pública en el país.

La electrificación del transporte es una revolución en movimiento que está transformando la forma en que nos desplazamos y, yendo más allá, la manera cómo consumimos energía. Este cambio, que tiene el coche eléctrico como piedra angular, promete un impacto significativo en el futuro de nuestras urbes y nuestros hogares. Es, sin duda, un camino sin vuelta, que promete una transformación profunda en la vida urbana y la sostenibilidad de nuestras comunidades. Sin embargo, este viaje hacia la movilidad de cero emisiones todavía tiene que superar desafíos que requieren la cooperación de todos los actores involucrados: administraciones públicas, industria y ciudadanos, tanto empresas como particulares.

Una de las medidas tomadas por el gobierno para fomentar la movilidad eléctrica y acelerar la construcción de una red de carga más robusta en espacios semipúblicos de España ha sido el Real Decreto 29/2021, en vigor desde el 1 de enero del 2023. La normativa establece la obligación para grandes espacios públicos, tales como centros comerciales, hospitales y lugares de entretenimiento, de contar con cargadores para vehículos eléctricos. Específicamente, un punto para cada 40 plazas de aparcamiento. El objetivo de la ley es fomentar el crecimiento de la infraestructura de carga en espacios semipúblicos y, así, derribar una de las barreras con que se encuentra la movilidad de cero emisiones. La especificación de tener al menos un cargador de coche eléctrico por cada 40 plazas de parking en España está basada en una combinación de factores prácticos, estadísticos y estratégicos, como la proyección de la demanda en nuestro país y la adaptación a la actual capacidad eléctrica de la red, con el objetivo de promover la adopción gradual y sostenible de vehículos eléctricos. Sin embargo, un año y medio después de que entrara en vigor dicha ley, vemos como la realidad es bastante distinta.

Todavía no hay datos sobre el cumplimiento de esta normativa. Pero lo que nos encontramos en nuestro día a día evidencia que hay muchísimos aparcamientos comerciales que no la cumplen. Y me estoy refiriendo a establecimientos de gran afluencia, ubicados en las principales capitales de nuestro país. Ante este desafío, a principios de 2023, el Ministerio de Industria estableció una subcomisión en la que los actores principales del sector ofrecieron sus perspectivas para crear un documento orientativo destinado a redirigir la situación. Hasta el momento, no se ha divulgado ninguna conclusión preliminar. Sin datos ni información disponible, ¿cómo podemos tomar medidas concretas?

A eso, se suma la lentitud en el despliegue de una red pública de carga en carreteras y ciudades de España. Con poco más de 466.00 vehículos eléctricos en el país a finales de 2023, empresas energéticas, administraciones y empresas privadas enfrentan un largo camino para cumplir con la ambiciosa cifra del PNIEC. La escasa y poco fiable red de puntos de carga, que incluye 7.700 estaciones públicas actualmente inoperativas en España, se suma a los obstáculos burocráticos en la obtención de licencias para instalar puntos de carga públicos. Los operadores de puntos de carga denuncian esperas que varían de 10 a 36 meses para implementar una red en espacios públicos en España. Se trata de trámites complicados y lentos, que obstaculizan el progreso de la movilidad sostenible y ralentizan el crecimiento del parque de vehículos eléctricos en nuestro país.

En este contexto, es evidente que las administraciones tienen una responsabilidad crucial. Para acelerar la adopción de la movilidad eléctrica es vital revisar cómo utilizamos nuestros recursos y cómo eliminamos las barreras que aún impiden un despliegue masivo de la infraestructura de carga necesaria. Las medidas estipuladas por la ley, aunque bien intencionadas, pueden beneficiarse enormemente de un enfoque más decidido y estratégico. Primero, debemos garantizar que la normativa se cumpla de manera rigurosa. Destinar más recursos a la inspección y supervisión de instalaciones de cargadores asegurará que las regulaciones no sean meramente simbólicas, sino que se traduzcan en una infraestructura real y funcional. En segundo lugar, la instalación de cargadores a menudo se enfrenta a una maraña de permisos y requisitos burocráticos que pueden retrasar el proceso y aumentar significativamente los costes. Simplificar estos procedimientos no sólo acelerará la implementación, sino que también hará que sea más asequible y ventajoso para propietarios de comercios y gestores de redes de puntos de carga.

Si realmente queremos acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos, debemos ser estratégicos en nuestro enfoque: aplicar eficazmente las leyes existentes, simplificar y abaratar la instalación de cargadores, proporcionar incentivos, fomentar colaboraciones y mejorar nuestra infraestructura eléctrica son los pasos esenciales para acelerar la adopción masiva de los coches eléctricos y finalmente salir de la cola de la electrificación en Europa.

Ivan Tallón, country manager Iberia de Wallbox